En declaraciones a la emisora Radio 10, Gaillard confirmó que el próximo jueves se determinará si avanza la investigación, pero señaló que hay razones para continuar con el procedimiento.
A inicios de enero, el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores pidieron analizar al titular de la Corte, Horacio Rosatti, y sus colegas Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por incumplimiento de sus funciones y mal desempeño.
En base a la petición de esas autoridades, los legisladores del Frente de Todos (FdT) elaboraron un documento de 410 páginas, en el cual detallan las violaciones cometidas por los integrantes del máximo tribunal y proponen citarlos para que declaren durante las indagaciones.
El texto asegura la existencia de una inadmisible degradación institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes.
Según explica, ello ocurrió principalmente por acciones de la Corte como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26 088, la cual estaba vigente desde hace 16 años y establecía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
También favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el incremento de los fondos coparticipables y emitió una medida cautelar para obligar al Estado a pagarle a esta capital ese aumento, aun cuando ello no esté contemplado en el Presupuesto aprobado para 2023.
Además, el documento denuncia las negociaciones entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad capitalino, Marcelo D’Alessandro.
A través de Robles, el presidente de la Corte desarrolló operaciones políticas específicas, ejecutadas a través de fallos arbitrarios, añade.
Por otra parte, asegura que Rosatti diseñó una maniobra ilegal, mediante la cual asumió de forma irregular la presidencia de la Corte; tomó por asalto el Consejo de la Magistratura y manipuló la integración del mismo.
Esta semana, legisladores, asociaciones de juristas y de derechos humanos, analizaron 14 pedidos de enjuiciamiento y, según la agencia de noticias Télam, el FdT podrá dar continuidad al proceso por contar con mayoría en la Comisión.
De acuerdo con Gaillard, «una vez analizado el informe de admisibilidad, y si se considera que hay sustento suficiente en las denuncias para investigar, se pasará a la etapa de prueba con el objetivo de esclarecer los hechos».
Los miembros de la Corte serán citados y, aunque decidan no ejercer su derecho a la defensa, el procedimiento continúa y la Comisión decidirá si los acusa o no.
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