El juicio que se prolongó por 10 días en la sala del juez federal Francisco Besosa, en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, estuvo marcado por la espectacularidad mediática, dado a que involucró en 2019 al entonces ministro de Asuntos Públicos Anthony Maceira, del que el acusado trató de obtener 300 mil dólares en efectivo.
El objetivo del productor, cuyo verdadero nombre es Sixto Jorge Díaz Colón, era cambiar la narrativa en contra del gobierno de Rosselló Nevares, que finalmente cayó en el verano de 2019, después de 14 días de manifestaciones multitudinarias que paralizaron el país.
Según Maceira, único testigo de cargo presentado por la fiscalía federal, el propósito era evitar que trascendiera un chat de Telegram, en el que participaba Rosselló Nevares con miembros de su círculo íntimo, denostando a periodistas y hasta a las víctimas del huracán María.
La idea era frenar la sed de venganza del hijo de Raúl Maldonado, de igual nombre, destituido fulminantemente por el entonces gobernante puertorriqueño tras denunciar que en el Ministerio de Hacienda existía una mafia institucional, de la que había dado cuenta al Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Maldonado, considerado “el adulto” en la administración de Rosselló Nevares, fue referido para investigación, en tanto su hijo Raulie, como se le conoce, amenazó por lo bajo dar a conocer el chat de Telegram, que finalmente filtró parcialmente a la periodista Sandra Rodríguez Cotto y totalmente días después a través del Centro de Periodismo Investigativo.
Sixto George aseguró a Maceira, según su testimonio, que estaba en capacidad de influenciar a distintas personalidades de radio y televisión para que cambiaran la narrativa en contra del gobernante del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).
Como parte de su coqueteo con el poder político, el ahora convicto consiguió que el gobierno firmara contratos con las empresas Collective Impact LLC y Social Consulting LLC al poco tiempo de que se crearon, aunque prefirió emplear testaferros que testimoniaron en el juicio las respectivas presidentas Lydmari Torres y Madeline López.
Al entrar en el segundo día de deliberación, el jurado federal —integrado por siete mujeres y cinco hombres— apenas pasó unas pocas horas para determinar que el productor incurrió en extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia, tal como le imputó la fiscal federal, representada por Michael Nicholas Lang y Myriam Fernández.
El juez Besosa revocó la fianza que le permitía a Sixto George estar en libertad, por lo que se le trasladó al Centro Metropolitano de Detención, en Guaynabo, municipio contiguo a San Juan, hasta la lectura de su condena, que podría ser de hasta 20 años, el próximo 5 de mayo.
De inmediato, su abogado Rafael Castro Lang dijo al salir del tribunal federal, en el Viejo San Juan, que se dispone a recurrir la sentencia, cualquiera que sea, en el Circuito de Apelaciones en Boston, convencido de que los hechos no se probaron en el transcurso del juicio.
En la víspera, Sixto George lanzó improperios por sus nombres contra el juez, los fiscales, los agentes del FBI y, en general, contra el sistema de justicia y Maceira.
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