De acuerdo con el informe del Ministerio de Educación (Meduca), la norma establece que de ese 7,0 por ciento, el 5,5 se destine exclusivamente a esa cartera, universidades oficiales y el Instituto Panameño de Habilitación Especial.
También se beneficiarán de ese desembolso los programas docentes de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el resto (1,5 por ciento) les corresponderá a otros proyectos.
La nueva ley modifica el artículo 266 de la Ley Orgánica de Educación (1946) que en su momento estableció que el sector recibiría anualmente un presupuesto no menor al 6,0 por ciento del PIB, lo que no se aplicaba desde hace años, según los colectivos populares.
El incumplimiento de la normativa sobre el aumento de recursos para la educación en el istmo generó una ola de paros del gremio magisterial y luego manifestaciones que rechazaban el alto costo de la vida en general, crisis que obligó al Gobierno a instalar el 20 de julio de 2022 una mesa única de diálogo con las organizaciones sociales protestantes.
Dos meses después, uno de los voceros de esos colectivos, Mario Almanza, indicó a Prensa Latina que no permitirían más recortes al presupuesto como intentaron hacer ante el plenario de la Asamblea Nacional (parlamento) los voceros del Ministerio de Economía y Finanzas(MEF).
Con recortes al presupuesto, los recursos no alcanzan para mejorar las infraestructuras, rescatar planteles abandonados, sustituir las llamadas escuelas rancho en zonas rurales de difícil acceso y construir laboratorios con equipamiento necesario para nuestros estudiantes, entre otras necesidades, agregó.
Las manifestaciones de los docentes del año pasado en busca de mejores condiciones de trabajo comenzaron por la occidental provincia de Veraguas y luego se extendieron a varias provincias.
El 11 de septiembrede 2022, en una mesa intersectorial con la presencia de la titular del ramo, Maruja Gorday, los líderes del gremio señalaron que en momentos que se requiere mejores escuelas y recursos para el aprendizaje de los estudiantes, se preveía que este año la institución recibiría 362,2 millones de dólares menos de lo solicitado en inversión.
En su momento, la institución pública solicitó 570,8 millones de dólares y el MEF recomendó se le asigne apenas 208,6 millones de dólares.
La principal inquietud es que el nuevo recorte afecta fondos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de centros escolares, así como para nutrición y salud de los alumnos.
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