En declaraciones a la prensa, el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, precisó que en el calendario de evaluación que se realiza en septiembre próximo, se espera que los avances logrados se reconozcan y permitan la exclusión del istmo de ese listado.
Para esa fecha, dijo, se deberán superar los últimos dos puntos de los 15 objetivos trazados en la hoja de ruta presentada ante el organismo internacional por el Ministerio de Economía y Finanzas en 2019.
Almengor indicó que en el último «cara a cara» sostenido con los representantes de GAFI en enero último, se acordó que se cumplieron 12 de las 15 acciones y desde entonces se comunica cada avance.
Los principales pendientes, agregó, están relacionados con el registro de beneficiario final, que supervisa la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y de otro lado la capacidad del Ministerio Público de investigar delitos de evasión fiscal proveniente del extranjero y lograr sentencias.
De la primera tarea se ha logrado añadir a la base de datos un 30 por ciento del registro de las más de 700 mil sociedades anónimas constituidas, de las cuales 495 mil se encuentran suspendidas.
Por otra parte, el viceministro indicó que en octubre pasado la Fiscalía logró dos sentencias por el delito de blanqueo de capitales, lo que es altamente probable que la acción del Ministerio Público sea también reconocida.
Luego de salir de ella en 2014, en junio de 2019, el país fue nuevamente incluido en la lista gris del GAFI y la administración del presidente Laurentino Cortizo asumió el compromiso de cumplir con el plan de acción establecido por el organismo multilateral.
En esta ocasión, GAFI lanzó una advertencia a Panamá porque, aunque ha habido avances en lo que se refiere al dispositivo contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en particular con sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias», no ha cumplido con varias medidas para las cuales se fijó inicialmente de plazo hasta enero de 2021.
En ese sentido, se le dio un ultimátum para que hasta febrero de 2023 completara ese plan de acción.
En caso contrario, se evaluará la conveniencia de que los miembros del GAFI y el resto de jurisdicciones refuercen la supervisión, con lo que eso supone de restricción de las relaciones de negocio y las transacciones con Panamá.
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