Por su parte, el ministro de Justicia José Tello, antes del desenlace, declaró que la presidenta Dina Boluarte no ha considerado renunciar como exigen las protestas sociales, que no cesan desde el inicio de su segunda oleada el 19 de enero y reclaman la dimisión de la mandataria.
La Comisión de Constitución escuchó la fundamentación del proyecto de realizar el 8 de octubre la primera vuelta electoral, que incluya los comicios legislativos, y la segunda vuelta presidencial en noviembre o diciembre, de tal manera que el primer día de enero de 2024 se instalen el nuevo presidente y los nuevos congresistas.
A la sesión asistieron los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, quienes avalaron la viabilidad técnica de la propuesta gubernamental, tras lo cual se retiraron.
Antes de la votación sobre el aval de la comisión para que la propuesta sea debatida por el pleno congresal, el legislador centrista Ilich López presentó una cuestión previa para que se aplique una norma reglamentaria, que prohibe volver a tratar proyectos de ley referidos a temas ya rechazados, y dos propuestas de adelanto electoral fueron derrotadas esta semana.
El proyecto en juego podía tratarse si obtenía los votos de la mitad más uno de los miembros de la comisión, es decir 14 votos, pero solo obtuvo 11, frente a 10 en contra y una abstención, es decir que tres votos en contra bloquearon el proyecto y el tema no podrá tratarse hasta agosto de 2023.
Voceros de la derecha como Lady Camones y Alejandro Cavero alegaron que la decisión del Parlamento debe acatarse por respeto al fuero legislativo.
Sobre el tema, la primera dijo que se estaba perdiendo mucho tiempo debatir el tema y el segundo sostuvo que el Congreso no puede ceder a la presión de la calle.
Cavero se refirió así a las grandes protestas que, según comentaristas de radio y televisión, podrán agravarse ante el rechazo parlamentario al adelanto electoral.
Tal decisión hubiera atendido de alguna manera la exigencia de los manifestantes de cese de la presidenta y los parlamentarios, que tienen en las encuestas una desaprobación de más del 70 y el 80 por ciento, respectivamente.
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