Los marchistas, pobladores de esos vecindarios y provincianos llegados del interior para motivar a los capitalinos a sumarse a su lucha, avanzaron codo a codo, pacíficamente y coreando canciones y lemas contra la presidenta Dina Boluarte.
Se concentraron en decenas de puntos de Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y San Juan de Lurigancho, zonas en las cuales vive la mayoría de los habitantes de Lima, muchos de ellos provincianos o hijos y nietos de migrantes llegados sobre todo de regiones andinas.
En el camino, hicieron flamear la bandera rojiblanca de Perú y la multicolor de los pueblos indígenas andinos.
A su paso, recibieron aplausos desde las ventanas y la solidaridad espontánea de pequeños comerciantes y vecinos que los proveían de botellas de agua y alimentos ligeros para el camino.
Esa solidaridad también la reciben los manifestantes que arribaron sobre todo desde las regiones del sur del país para la gran protesta del 19 de enero en Lima o sus relevos y que a diario participan desde entonces junto a jóvenes limeños en las protestas callejeras.
Un dirigente de los marchistas de la surandina región de Puno, dijo que los migrantes reciben a diario raciones de comida elaborada que, por decenas, les obsequian vendedores callejeros de alimentos y familias limeñas.
En mensajes en Internet, voces diversas destacan que es ese apoyo de la sociedad lo que mantiene en pie las protestas y no actividades ilegales, como afirman políticos y medios de prensa derechistas y presumen miembros del Gobierno.
Las protestas contra el nuevo Gobierno comenzaron en el sur del país después que, el 7 de diciembre, el Parlamento destituyó y la Policía encarceló al hasta entonces presidente Pedro Castillo, hubo una tregua por las celebraciones de fin de año y se reanudaron el 4 de enero último.
Los reclamos que enarbolan los manifestantes, además de la renuncia de la nueva presidencia, plantean el cierre del actual Parlamento y una asamblea constituyente, así como la libertad de Castillo.
La convocatoria de prontas elecciones generales adelantadas, que atendería parcialmente los reclamos sociales, fracasó ayer cuando fue rechazado un proyecto del Gobierno, lo cual se sumó a dos frustraciones previas y canceló la posibilidad de volver a intentarlo hasta agosto de este año.
Tal resultado, según el analista político centro-derechista Enrique Castillo, puede dar lugar a la radicalización de las protestas, que han acumulado cerca de 60 muertes, en su gran mayoría de manifestantes baleados, y la respuesta gubernamental, en tal caso, sería incrementar la represión.
ale/mrs
