Según cifras oficiales, solo en enero las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes mataron a 35 palestinos en Cisjordania, el número más alto desde 2015.
La tensión aumentó a finales de mes con la operación castrense contrael campamento de refugiados de Jenin, en el norte de la Ribera Occidental, que dejó 10 fallecidos.
Las ciudades de Nablus y Jenin, con sus respectivos asentamientos para refugiados, son blancos sistemáticos de incursiones militares de Tel Aviv por la activa presencia allí de milicias palestinas.
En respuesta a la nueva invasión, un palestino mató a siete israelíes frente a una sinagoga en la zona ocupada de Jerusalén Este, tras lo cual fue baleado por la policía.
En represalia por la masacre de Jenin, desde la Franja de Gaza se lanzaron cohetes contra el vecino país, que devolvió el fuego con un bombardeo de la aviación.
Las acciones antipalestinas del nuevo Gobierno israelí no se circunscriben al terreno militar, sino también que abarcan aspectos políticos, económicos y sociales, lo que evidencia una estrategia de mayor confrontación y colonización.
Los planes para ampliar las colonias en Cisjordania y Jerusalén Oriental, y la legalización de más de 60 puestos de avanzada —gérmenes de los futuros asentamientos judíos— son muestras de esa agenda.
En ese sentido, el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, prohibió la bandera palestina en espacios públicos en Israel y redujo las visitas de los parlamentarios a los prisioneros palestinos.
También llamó a sus conciudadanos a portar armas de fuego a toda hora, con el argumento de rechazar un eventual ataque palestino.
De acuerdo con datos oficiales, en el país hay más de 155 mil dispositivos de ese tipo en manos de unos 147 mil titulares legales, una cifra que se disparará con la nueva flexibilización que impulsa el Ejecutivo.
Mientras, Netanyahu anunció la incautación de millones de dólares de los fondos fiscales recaudados en nombre del Gobierno de Ramala y la adopción de medidas contra las organizaciones que promuevan “cualquier actividad hostil” hacia el Estado judío, incluida acciones políticas y legales.
Además, prometió intensificar la demolición de viviendas palestinas no autorizadas en Jerusalén Oriental y Cisjordania, una situación que sufren muchas familias porque los funcionarios de ocupación rara vez dan luz verde a un proyecto constructivo árabe.
Ante tal escalada, incluso el ex primer ministro israelí Yair Lapid alertó a su sucesor sobre esta política de fuerza porque podría provocar una nueva intifada (levantamiento, en árabe).
(Tomado de Orbe)
