La medida regirá por 60 días en las regiones sureñas de Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Moquegua y Madre de Dios e implica la suspensión de garantaís constitucionales, al permitir detenciones y allanamientos a discreción, entre otras acciones policiales.
El estado de emergencia invoca la crisis social y política que vive el país y estaba vigente desde enero pasado en Lima, Arequipa, Puno y Cusco y solo en algunas provincias de Madre de Dios, Apurímac, Moquegua y Tacna
Según la medida, la Policía Nacional controla, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y estas se hacen cargo de la protección de los Activos Críticos Nacionales (organismos e instalaciones estratégicas).
La norma encarga a las Fuerzas Armadas, incorporando a la Policía, el control del orden en la región surandina de Puno, principal bastión de las protestas, para lo cual fueron enviadas tropas de refuerzo y carros blindados.
En ese territorio se han registrado la mayoría de la 47 muertes de civiles desde el inicio, el 8 de diciembre, del movimiento que exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y una asamblea constituyente.
Allí rige también el toque de queda (oficialmente llamado inmovilización social obligatoria) desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la madrugada.
De otro lado, Lima se convirtió ayer en el foco de la protesta, con la que muchos consideran la marcha más masiva desde el inicio de las protestas, en la que participaron colectivos y vecinos de los barrios populares del sur, norte y este de la ciudad, así como del municipio de San Juan de Lurigancho, el más poblado de la ciudad.
Los limeños se unieron a los grupos llegados desde el interior y que marchan a diario desde el 19 de agosto, expresando sus reclamos y llamando al apoyo capitalino. La marcha fue pacífica y hasta festiva, hasta que, según la Policía, elementos violentos lanzaron piedras a los uniformados, aunque los manifestantes aseguran que, de un momento a otro, se desató un inmotivado ataque policial con gases lacrimógenos y golpizas contra la masa.
Los uniformados impedían el acceso a un cercano hospital de emergencia, a quienes querían indagar sobre los heridos, lo que desató otro incidente en el que fue rota una puerta de vidrio del centro, ante lo cual el organismo de seguridad social exigió respeto a sus locales y que la Policía permita el acceso libre a los mismos.
La Policía agredió inclusive a periodistas que cubrían la marcha, lo cual fue condenado por la Defensoría del Pueblo y por la Asociación Nacional de Periodistas.
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