Es una buena reforma, que salvará el régimen de repartición y además lo mejorará, esgrimió el funcionario en la emisora France Inter, en una jornada en la que la Asamblea Nacional comenzará el debate de la iniciativa, la cual incluye la extensión de la edad legal de retiro de 62 a 64 años y el aumento del período de cotizaciones, dos de los temas más cuestionados.
Le Maire insistió en un déficit de miles de millones de euros en el sistema de la jubilación y en el impacto de la deuda, mientras los detractores de la reforma aseguran que el Gobierno miente cuando menciona la urgencia de equilibrarlo.
En ese sentido, el ministro criticó a “quienes no ven la realidad como es”, en un tenso escenario político y social, marcado por las multitudinarias movilizaciones organizadas por los sindicatos.
El 19 y el 31 de enero, más de dos millones de franceses, según gremios, marcharon contra el proyecto, con nuevos llamados a protestar mañana y el sábado.
Para Le Maire, no hay alternativas creíbles al texto presentado por el ejecutivo en el ámbito de la jubilación, acusando a la izquierda de promover respuestas negativas para los trabajadores y sus empleadores.
Desde las fuerzas progresistas rechazan la idea de trabajar más porque se viva más, y abogan por el aumento de los salarios y el retiro de las personas en un momento que le permita disfrutar tras décadas de aporte a la sociedad.
Respecto a la batalla parlamentaria que se avecina, el ministro francés de Economía y Finanzas manifestó la expectativa de contar con el apoyo de los conservadores (partido Los Republicanos), indispensable para la adopción de la reforma en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo perdió la mayoría absoluta en las elecciones de junio pasado.
No hay razón para que los diputados de Los Republicanos dejen de respaldar la reforma, si son coherentes con lo que han defendido durante décadas, declaró.
Los conservadores parecen ser la clave en la Asamblea en relación con el proyecto, ante el rechazo de la izquierda y de la extrema derecha.
Si todas las fuerzas opositoras se uniesen contra el texto, algo bastante improbable, el Gobierno no tendría –en principio- otra opción que acudir al polémico artículo 49.3 de la Constitución, el cual permite adoptar proyectos sin voto parlamentario.
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