En los días transcurridos en febrero, el denominado Pulgarcito de las Américas no reportó decesos en cinco jornadas, para seguir encabezando la tabla por encima de Canadá que, según los últimos informes de 2022, contaba con un registro de 1.97 por cada 100 mil personas.
A las afirmaciones del mandatario se suman declaraciones de su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo este lunes que el país tiene “la mejor infraestructura carcelaria de América Latina”, luego de la inauguración de una mega cárcel con capacidad para cerca de 40 mil terroristas y presuntos colaboradores.
Este martes un tuit de Bukele destacó el logro de su gobierno para llevar al país a ser uno de los más seguros del mundo luego de tener uno de los record más tenebrosos de muertes a causa de la violencia de las pandillas.
Los informes de Bukele y de Villatoro reiteran el mensaje de los últimos días de que las autoridades salvadoreñas están próximas a cumplir el reto de eliminar a las pandillas, hasta ahora uno de los principales logros de la actual administración.
Algunos críticos señalan que tener “la mejor infraestructura carcelaria de América Latina y la de mayor capacidad del mundo”, como dijo Villatoro, es esencial para combatir al crimen organizado pero a la vez es reflejo de los problemas estructurales y de no enfrentamiento a las causas de la violencia.
Desde la aplicación del régimen de excepción que acompaña la ejecución del Plan de Control Territorial para enfrentar a las maras se alcanzó la cifra de 63 mil 512 terroristas y presuntos colaboradores detenidos, se ocuparon dos mil 290 armas de fuego y dos mil 866 vehículos, según el ministro.
No obstante la alta publicidad al número de detenidos y la capacidad carcelaria, destaca la no planificación de acciones de reeducación para incorporar a integrantes de esos grupos delincuenciales a la sociedad.
Normativas del país definen una sanción de 10 años de cárcel como mínimo a los niños que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen entre 16 y 18 años, la pena será de 20 años de prisión.
Muchos de ellos estarán tras las rejas en la nueva cárcel de gobierno, según indica la política oficial.
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