La decisión fue respaldada por 16 votos del Frente de Todos (FdT) y rechazada por 15 de otras agrupaciones, en su mayoría de la alianza opositora Juntos por el Cambio.
De esa manera, fueron admitidos 14 expedientes contra el titular de la CS, Horacio Rosatti, y sus colegas Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Ahora la Comisión procederá a la apertura de un sumario y comenzará un período de investigación, recolección de pruebas y testimonios para determinar si se emite un dictamen acusando a los integrantes de la Corte, etapa que puede tardar al menos tres meses.
En una resolución leída por la presidenta de ese ente, Carolina Gaillard, y aprobada esta jornada, los diputados exponen que “los 14 pedidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de funciones”.
Además, señala que, de ser probados, demostrarían la existencia de grandes violaciones y de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía de un Estado Federal y un régimen republicano y democrático.
A inicios de enero, el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores pidieron analizar a los integrantes de la CS y los legisladores del FdT elaboraron un documento de 410 páginas, en el cual detallan las violaciones cometidas por ellos.
El texto asegura la existencia de una inadmisible degradación institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes.
Según explica, ello ocurrió principalmente por acciones de la Corte como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26 088, la cual estaba vigente desde hace 16 años y establecía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
La CS también favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el incremento de los fondos coparticipables y emitió una medida cautelar para obligar al Estado a pagarle a esta capital ese aumento, aun cuando ello no esté contemplado en el Presupuesto aprobado para 2023.
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