“Corresponde que declaren (los obispos), toda vez que ha habido una participación también en dicha reunión y deben esclarecer, ¿cuál ha sido esa participación? (…) y vendrán a aclarar en calidad de testigos”, afirmó el representante legal de Patty, acusadora en este caso.
Aclaró Nina que ser convocado a declarar en algún proceso de investigación no debe ser considerado como una “persecución” pues, por el contrario, colaborar en las pesquisas es la obligación de todos los ciudadanos.
Subrayó que resulta de conocimiento público que miembros de la iglesia asistieron a esa reunión, y en tal sentido declarar en calidad de testigos no resulta ningún acto persecutorio.
La jerarquía eclesiástica que conformaba la Conferencia Episcopal Boliviana en 2019 presuntamente participó en una reunión secreta en la Universidad Católica Boliviana, el 10 de noviembre de ese año.
Como resultado de esa concertación, enviados de Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, los jerarcas católicos, el exrector universitario Waldo Albarracín y embajadores extranjeros definieron que Jeanine Áñez asumiera la presidencia de un gobierno de facto, y por ese motivo son convocados a testificar.
Dentro de Golpe de Estado I las pesquisas indagan sobre la conspiración que allanó el acceso ilegal de Áñez a la presidencia, la imposición de un gobierno de facto y los crímenes cometidos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento del orden constitucional.
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