La conclusión del análisis, realizado por el Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo y el Proyecto de Supervisión Gubernamental, reveló que el gobierno federal probablemente subestimó en casi mil los fallecimientos ocurridos en estas circunstancias solo en 2021, en comparación con otras fuentes de datos públicos.
La denuncia ocurre aun cuando está en vigor la Ley de Informes de Muerte bajo Custodia, promulgada en 2014, cuyo objetivo es obligar a las agencias de aplicación de la ley a ser transparentes en este tema.
«Las personas pierden la vida durante el encarcelamiento, la detención y la custodia policial todos los días, pero no tenemos idea de quiénes son, cómo mueren o cuál es la mejor manera de prevenir futuros decesos», refirió en un comunicado Bree Spencer, directora interina del programa del Fondo de Educación.
El Congreso aprobó una legislación para resolver este problema y reducir las muertes prevenibles, dijo, pero las agencias no la están implementando.
Los hallazgos del informe surgen cuando los datos disponibles indican un empeoramiento del problema desde antes de la pandemia de Covid-19.
Según el texto, los datos limitados del Departamento de Justicia muestran que un total de mil 200 personas murieron en las cárceles locales en 2019, un cinco por ciento más que un año antes.
En tanto, la tasa de mortalidad de las personas encarceladas pero no condenadas alcanzó un máximo histórico.
Acorde con datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia, casi el 77 por ciento de las personas que fallecieron en las cárceles locales en 2019 no habían sido imputadas por ningún delito al momento de su deceso.
Asimismo, los informes de 184 muertes bajo custodia en las cárceles locales por intoxicación con drogas o alcohol también establecieron un récord en comparación con los últimos 20 años.
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