Un bufete de abogados confirmó la queja judicial, que invoca la doctrina legal de “molestia pública”, columna vertebral tanto de las históricas demandas de la década de 1990 contra la industria tabacalera como de los litigios en curso contra los fabricantes de opioides y las compañías de combustibles fósiles.
Además de los daños punitivos, la instancia también busca la creación de un fondo para monitoreo médico, nuevos procedimientos de prueba y limpieza y medidas cautelares en forma de supervisión de seguridad y cumplimiento.
Por otra parte, la Agencia de Protección Ambiental señaló que obligará a Norfolk Southern a cubrir todos los gastos de limpieza, así como los costos de alojamiento de los residentes que fueron evacuados temporalmente, informa el diario de The Hill.
El tren de la compañía ferroviaria se descarriló el pasado 3 de febrero, cerca de East Palestine, pequeña urbe cercana a la frontera entre Ohio y Pensilvania.
De los 150 vagones, unos 50 se salieron de las vías y algunos de ellos trasladaban cloruro de vinilo, un gas altamente inflamable considerado un potente cancerígeno.
Las autoridades estatales y federales aclararon que el aire y el agua son seguros para los residentes, pero a principios de esta semana, el Departamento de Recursos Naturales estimó que alrededor de 43 mil 700 animales murieron a causa del derrame de sustancias tóxicas.
Mientras, en los últimos días varios pobladores notificaron síntomas como náuseas, dolores de garganta, ardor en los ojos y dificultades respiratorias.
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