Las víctimas son Raúl Gilberto Montoya, dirigente sindical, detenido el 21 de julio de 1976, y Nicomedes Toro Bravo, obrero de la construcción, arrestado el 28 de julio de ese mismo año, quienes aún se encuentran desaparecidos.
Por este crimen la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, en fallo unánime, dictó sentencia condenatoria contra seis agentes del Comando Conjunto, una organización clandestina de inteligencia del régimen pinochetista que persiguió y ejecutó a opositores entre 1975 y 1976.
Los sancionados a 10 años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado reiterado son Juan Francisco Saavedra y Raúl González, de la Fuerza Aérea; Daniel Guimpert y Juan Atilio Aravena, de la Marina; y Manuel Muñoz y Ernesto Lobos, de la policía de carabineros.
También fue condenado a 10 años de cárcel el exagente Otto Trujillo por los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado, y Viviana Ugarte, a siete años de presidio, en calidad de cómplice.
Para el abogado Nelson Caucoto, querellante y representante de los familiares de Nicomedes Toro Bravo, “este fallo constituye un nuevo ladrillo en la construcción del edificio del Nunca Más al que todos aspiramos como sociedad”.
Lo importante es vencer la impunidad y traer un grado de consuelo para los familiares que han esperado por tantos años que los tribunales de justicia esclarezcan estos hechos tan dramáticos, dijo Caucoto a la prensa.
Durante el régimen de Pinochet se registraron en el país más de 40 mil casos de delitos de lesa humanidad, entre ellos tres mil 200 asesinatos y desapariciones.
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