El jefe del Ministerio Público de esta capital consideró necesario investigar “las persistentes y probadas denuncias” realizadas por terceros, en particular por el juez de Paz de Jacmel, Merlin Toussaint, así como el magistrado Maximin Pierre.
Las acusaciones se refieren a una empresa ficticia llamada Dépôt Store e Ideal Multi Services, así como al tráfico de influencias ejercido sobre el juez correccional para obtener la liberación de Joel Khawly, a cambio de un monto de 120 mil dólares, de acuerdo con la carta enviada a la Unidad de Anticorrupción.
Lafontant, quien junto a unos 30 jueces y comisarios de Gobierno no recibió la aprobación de la Comisión Técnica de Certificación por supuestos actos de corrupción, ha mantenido desde finales de enero una guerra frontal contra algunos altos cargos del poder judicial.
De hecho, se negó a cumplir la ordenanza del Consejo Superior que decretó la prohibición de ejercer a aquellos no certificados y dio un plazo de ocho días para recuperar los materiales y otros equipos, al tiempo que amenazó con solicitar apoyo policial.
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