Aunque las estructuras reconocieron la urgencia de que el principal órgano judicial del país sea funcional, explicaron que eso debe respetar las normas constitucionales, según un comunicado firmado por el Partido Haitiano Tet Kale, Pitit Dessalines y Organización del Pueblo en Lucha, entre otros.
“El rey Ariel (Henry) acaba de nombrar, violando el artículo 175 de la Constitución, a ocho jueces del Tribunal de Casación. Es presidente, del Senado y primer ministro. Señoras y señores, magistrados de la república, ¿qué dicen? Miembros de los colegios de abogados de mi país: todo va bien”, cuestionaron en el documento.
Los partidos recordaron que Haití vive uno de los peores momentos de su historia en los últimos tiempos y criticaron el comportamiento del jefe de Gobierno y de sus aliados internacionales, que, a su juicio, no tienen en cuenta la magnitud de la crisis.
A inicios de esta semana el primer ministro nombró a los magistrados Marie Joceline Cazimir, Ketsia Charles, Frantz Drive, Maguy Florestal, Anès J. Joazéus, Louiselme Joseph, Rameau Patrick Métellus y Franzi Philémon para completar el Tribunal de Casación, tras varios meses de negociaciones.
Tres meses antes designó al juez Jean Joseph Lebrun como presidente de esa corte, lo cual fue bien acogido por asociaciones de magistrados.
Sin embargo, los críticos insisten en que solo el presidente de la República, de una lista aprobada previamente por el Parlamento, puede nombrar a los jueces supremos, de acuerdo con la carta magna, por lo que consideran ilegal el decreto emitido por Henry.
La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos estimó que la designación del Gobierno solo pretende dar una apariencia de normalidad al poder judicial, para luego permitir la creación del Consejo Electoral Provisional, único órgano capaz de organizar los sufragios.
Por su parte, asociaciones de jueces aprobaron las disposiciones e indicaron que era esencial que el tribunal volviera a ser funcional.
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