El actual proceso electoral es un eslabón más en la implementación de un régimen antidemocrático y tirano que requiere de nuestra resistencia activa para derrocarlo, reiteró la agrupación creada a principios de octubre de 2022.
Durante una conferencia de prensa, integrantes de la CRN calificaron el contexto social actual de inseguro, inoperante y nada aceptable para una contienda electoral justa e igualitaria para todas las partes.
En ese sentido, citaron condiciones de perversión política, corrupción pública desenfrenada, represión judicializada, coerción del derecho a ser electo y persecución de operadores de justicia, defensores del territorio y de derechos humanos.
El colectivo, integrado por sectores sociales opuestos a la corrupción, calificó de mediocre el desempeño de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo cual provoca desconfianza y crisis de opacidad, así como una percepción de fraude en beneficio de un modelo de gobernanza que consideran fracasado.
El actual escenario de cooptación de los poderes, popularmente llamado el Pacto de Corruptos, urge un nuevo diseño de país, de lo contrario vamos en una nave al garete, camino a una catástrofe, alertó la CNR.
Para sus miembros, «llamar a votar el 25 de junio en condiciones impuestas por una tiranía que busca legitimarse, parece una gran contradicción».
Sin embargo, pidieron a la ciudadanía «defender su voto en todos los espacios de poder que aún quedan con la consigna de que el proceso electoral es una oportunidad para la convergencia de los pueblos en resistencia contra un sistema fallido que debe ser sustituido».
Este viernes, también la plataforma Mirador Electoral criticó la primera etapa en curso del proceso electoral abierto a partir del 20 de enero con la inscripción de candidatos a los diferentes cargos públicos.
De acuerdo con su auditoría, la exclusión de dos binomios presidenciales y la opacidad tiñen hasta el momento el proceder del TSE.
En cuanto al primer punto, mencionó como clímax la decisión anunciada ayer por la Corte de Constitucionalidad, al negar la posibilidad de inscripción a Thelma Cabrera y Jordán Rodas (Movimiento para la Liberación de los Pueblos, alternativa de izquierda) y a Roberto Arzú y David Pineda (Podemos).
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