Mediante el decreto 681, el mandatario determinó restringir la movilidad entre las 21:00 y las 05:00, hora local, durante 60 días, en los cuales también estarán limitados los derechos de asociación, reunión, inviolabilidad de domicilio y correspondencia.
El jefe del Ejecutivo también determinó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas coordinen acciones, en el marco de sus competencias, para mantener el orden público.
Uno de los argumentos que expone Lasso para su decisión es que durante los últimos meses se observa en esa provincia un incremento en los niveles de delincuencia “íntimamente relacionada con el tráfico ilícito de drogas, así como mecanismos de extorsión recurrente”.
En noviembre del año pasado el mandatario también declaró estado de excepción en Esmeraldas, al igual que lo dispuso en ese momento en Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
A pesar del estado de excepción y el toque de queda, a diario se reportan crímenes en el territorio esmeraldeño.
En lo que va de 2023, según datos del Ministerio del Interior, se registran 70 homicidios intencionales, cuatro atentados a Unidades de Policía Comunitaria y varias amenazas a diferentes servidores policiales.
Ecuador cerró 2022 con 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, la mayor tasa de su historia, y Esmeraldas fue la provincia más violenta, como 63 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Expertos en la materia consideran que esa situación se debe a la guerra de cárteles nacionales e internacionales por el control del narcotráfico y la ineficiente respuesta estatal a esa cuestión.
Además, residentes en esa localidad fronteriza con Colombia apuntan a la pobreza, el desempleo y el abandono estatal como causas de la inseguridad.
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