De las mil personas detenidas hasta la fecha por su presunta participación en el asalto a la sede del Congreso, casi la mitad aun enfrenta la posibilidad de juicios o acuerdos de declaración de culpabilidad, refirió CBS News.
Añadió la información que una nueva ola de casos, muchos de los cuales involucran cargos de alto nivel de agresiones contra la Policía, continúa expandiendo un procesamiento que es ya el más grande en la historia de la nación.
Veintiséis meses después de la investigación criminal, las revelaciones más recientes continúan aportando nuevos detalles y evidencia sobre la supuesta actividad criminal provocada por una multitud desenfrenada, apuntó.
Un poco más de la mitad de los hombres y mujeres acusados de delitos federales por el ataque del 6 de enero se declararon culpables en sus casos.
Pero incluso cuando se cierran los litigios, ahondó la fuente, continúan surgiendo nuevos acusados y cargos, lo que podría extender el enjuiciamiento general hasta bien entrado 2024, si no más.
En su última actualización, el Departamento de Justicia informó que el Buró Federal de Investigaciones busca identificar al menos a 260 personas más por estar implicados en los disturbios en la sede del Parlamento bicameral.
En muchas de sus presentaciones judiciales, incluido un memorando de sentencia emitido la víspera, la entidad caracterizó la investigación del 6 de enero como amplia y sin precedentes.
Calificó el suceso como un ataque violento que obligó a interrumpir la certificación del recuento de votos del Colegio Electoral de 2020, amenazó la transferencia pacífica del poder después de las elecciones presidenciales de 2020, hirió a más de cien policías y generó más de dos millones 800 mil dólares en pérdidas».
Todos los jurados que escucharon un caso relacionado con el ataque emitieron al menos una condena parcial, detalló el medio.
El reporte recordóla sentencia de 41 meses en prisión contra el autodenominado QAnon Shaman, quien lució cuernos y pieles en el estrado del Senado, y el caso de Richard Barnett, que se sentó con los pies sobre un escritorio en la oficina de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y enfrenta una pena de 20 años de cárcel.
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