Según el comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que lidera estas conversaciones con la filial de las transnacional canadiense Fisrt Quantum, se aceptó el pago anual al Estado como mínimo de 375 millones de dólares en concepto de impuesto y regalías, sin ofrecer detalles del porcentaje final de esta últimas.
En el texto publicado se acentuó elevar del 2,0 por ciento de la producción al entre 12 y 16 por ciento de las entregas de concentrado de cobre en el distrito de Donoso, provincia de Colón, el mayor yacimiento a cielo abierto del mineral en la región.
El MICI precisó que el nuevo contrato de concesión tendrá una vigencia de 20 años, prorrogables otras dos décadas adicionales. Entre los aspectos más destacados del pacto sobresalen mayores protecciones laborales y medioambientales, disposiciones anticorrupción, amplias obligaciones de transparencia y de proveer información para Minera Panamá.
También la empresa deberá cumplir normas sobre transición hacia fuentes de energía más limpia y se otorgarán amplios poderes de supervisión para el Estado y el derecho a adoptar medidas contra la evasión fiscal, reconocidas internacionalmente.
Para el titular del MICI, Federico Alfaro, «lo más importante es que este contrato es beneficioso para Panamá y los panameños, al tiempo que crea las condiciones necesarias para que Minera Panamá continúe sus operaciones bajo un entorno de inversión justo y equitativo».
El contrato se someterá a consulta popular, será sometido al Gabinete, al Contralor General de la República y luego presentado ante la Asamblea Nacional(parlamento) para su aprobación.
Posteriormente el documento podría ser sancionado y promulgado por el presidente Laurentino Cortizo como ley de la República, un largo trecho por andar, según analistas.
Bajo este pacto, Panamá espera recibir aproximadamente 10 veces más de lo que percibía con el contrato ley de 1997, considerado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque ese recurso jamás impidió que la minera extrayera y comercializara cobre, según denuncias de organizaciones sociales.
Ambientalistas como Raisa Banfield exigieron a Cortizo que interviniera Minera Panamá, que viola la orden dada desde diciembre del pasado año de cese de operaciones comerciales.
Las autoridades habían concedido a la compañía hasta el 14 de diciembre de 2022 para firmar el acuerdo anunciado a principios de ese mismo año, que comprendía subir el pago anual de regalías a un mínimo de 375 millones de dólares, mejorar las condiciones laborales, protección del medio ambiente y de atención a las comunidades aledañas.
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