Cientos de miles de personas de diversos sectores de la sociedad se esperan en las calles de esta capital y otras ciudades del país, con una proyección de las autoridades de 850 mil participantes, cifra que los gremios estiman superior, después de las multitudinarias movilizaciones del 19 y 31 de enero, del 7, 11 y 16 de febrero, y del 7 y 11 de marzo.
Junto a las marchas, continuarán las huelgas que desde hace días afectan el transporte público y la circulación de trenes, aunque con menor impacto previsto; la recogida de basura y el suministro de combustible.
Cerca de un desenlace en el Parlamento, las diferencias entre el Gobierno, que considera indispensable la reforma frente al déficit financiero del sistema de la jubilación, y los detractores, que afirman que no existe tal urgencia, parecen en un punto de no reconciliación.
El presidente Emmanuel Macron descartó recibir a los sindicatos, con el argumento de que ya ese momento de concertación pasó, una postura tildada de arrogante por los gremios, decididos en su totalidad a oponerse a la extensión de la edad legal de retiro en Francia de 62 a 64 años.
También generan rechazo el aumento del período de cotizaciones y la eliminación de regímenes especiales de jubilación para beneficiar a determinadas profesiones.
Después de que la oposición de izquierda impidiera el voto en la Asamblea Nacional en primera lectura durante los debates del mes pasado, el Senado, controlado por los conservadores, adoptó el proyecto el fin de semana.
Por lo tanto, una comisión mixta de siete senadores y siete diputados buscará hoy un texto de consenso, el cual de alcanzarse retornará mañana al Senado y a la Asamblea, instancia esta última que en Francia tiene la palabra final en el ámbito legislativo.
El oficialismo perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas de junio pasado, pero la primera ministra Elisabeth Borne ratificó ayer la confianza del Gobierno en que logrará el apoyo necesario en la cámara baja, donde cuenta con alrededor de 250 curules de los 289 requeridos.
Sin embargo, el Ejecutivo puede apelar en caso de revés al polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar proyectos de ley sin un voto parlamentario, opción que desde ya genera críticas y acusaciones de conducta antidemocrática.
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