El diferendo se hizo público hoy al difundirse un comunicado de la Corte Suprema contra el dictamen, aprobado por la mayoría de los 18 integrantes de esa instancia. El presidente de la corte, Javier Arévalo, y otros seis votaron en contra y uno se abstuvo.
El fallo cuestionado favoreció al Poder Judicial, al respaldar su recurso contra acciones de amparo judiciales que paralizaron la designación congresal de un nuevo Defensor del Pueblo, por irregularidades, y acciones del Legislativo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo constitucionalmente autónomo.
Dictado en febrero último, el fallo recibió duras críticas de juristas y organizaciones de la sociedad civil, al considerar que establece un precedente que deja las manos libres a eventuales abusos del Congreso bajo control derechista, contra instituciones y ciudadanos.
El comunicado de los jueces supremos destaca los graves efectos que puede tener el pronunciamiento “para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la independencia judicial”, pues anula fallos judiciales y hasta amenaza a los magistrados en general con sanciones si tomaran decisiones contra el Parlamento.
Según fuentes judiciales, el presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial, que tiene como asesor al fugaz primer ministro del actual Gobierno, Pedro Angulo, apoyada por la mayoría congresal conservadora, pospuso reiteradamente el tratamiento del tema.
La declaración califica como muy grave que el TC anule tres resoluciones emitidas por tres jueces a favor de sendos recursos de amparo, contra decisiones del Legislativo, y que amenace a esos magistrados con procesarlos judicialmente, lo que afecta la independencia del Poder Judicial, según afirma.
Los magistrados advierten que no se puede menospreciar al Poder Judicial “ni crear de facto, zonas de inmunidad de jurisdicción en beneficio de otros órganos del Estado con serio riesgo de quebrar el equilibrio de poderes”.
Entretanto, alentado por el espaldarazo del TC al Congreso, un grupo de congresistas de derecha presentaron un proyecto de reforma constitucional, para que el Parlamento nombre a los titulares de los autónomos organismos electorales y a la Junta Nacional de Justicia, que supervisa la acción de jueces y fiscales.
El proyecto sostiene que, al atribuir al Congreso la fiscalización o poder de destitución de altos funcionarios, la constitución incurrió en omisión y ese poder debe incluir a los titulares del JNE, Jorge Salas; la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde.
Los tres fueron atacados por partido derechistas por soportar sus presiones para que avalen sus denuncias, carentes de pruebas, de un supuesto fraude en la elección del presidente Pedro Castillo, depuesto por el Congreso y encarcelado en diciembre último.
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