Un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República considera que la demanda carece de “elementos políticos y jurídicos” y tiene como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado y la democracia.
Ante esas acciones, que el Ejecutivo calificó de desestabilizadoras, la administración afirma que continuará enfocada en atender las preocupaciones de los ciudadanos, aunque una encuesta reciente indica que siete de cada 10 ecuatorianos abogan por la salida de Lasso del poder.
Los asambleístas Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES); Rodrigo Fajardo, de Izquierda Democrática (ID); Mireya Pazmiño, de Pachakutik (PK); y Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano (PSC), fueron quienes formalizaron la solicitud con el respaldo de 59 firmas, más de las 46 necesarias para el trámite.
Una vez presentado el documento el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) debe verificar requisitos y ya esa comisión marcó una reunión con ese propósito para este viernes 17 de marzo.
Este organismo enviará la solicitud a la Corte Constitucional para que emita un dictamen previo de admisibilidad y luego, de ser aprobado, el procedimiento continuaría en el legislativo.
Para destituir al mandatario son necesarios 92 votos de un total de 137 asambleístas.
Lasso llegó a este punto tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su gobierno con una presunta red de corrupción en empresas públicas y aparentes nexos con el narcotráfico, en particular con la mafia albanesa.
Mientras el Ejecutivo niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan el fin del mandato de Lasso.
jha/avr
