La iniciativa obtuvo 13 votos a favor y 11 en contra, con lo cual no alcanzó las tres quintas partes del total de sufragios necesarios para su aprobación.
Sus promotores consideran necesario un acápite específico para las Fuerzas Armadas, los Carabineros y la Policía de Investigaciones, ya que –afirmaron- estas instituciones muchas veces deben actuar de manera conjunta en defensa de la nación y de la seguridad interior.
Según precisaron, ello “no significa en caso alguno que no queden subordinados al poder civil”.
Sin embargo, el comisionado Gabriel Osorio, del Partido Socialista, afirmó que su ubicación constitucional debe estar en el punto referido al poder ejecutivo.
De esta manera, el índice constitucional quedó conformado por 15 capítulos, entre ellos derechos y libertades fundamentales, Gobierno y administración del Estado, Congreso Nacional, Poder Judicial, Corte Constitucional, Justicia Electoral y Protección del Medioambiente.
El comité integrado por 24 expertos, en su gran mayoría juristas, fue seleccionado a partes iguales por la cámara de diputados y el senado.
El grupo comenzó sus trabajos el 6 de marzo y tiene un plazo de tres meses para entregar un borrador de la nueva carta magna al Consejo Constitucional, que será elegido por voto popular y obligatorio el 7 de mayo, y es quien tendrá la última palabra.
Este consejo será el encargado de discutir y aprobar la propuesta de ley fundamental antes de ser sometida a referendo el 17 de diciembre.
De ser aprobada, sustituirá a la Constitución de corte neoliberal impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, que tomó el poder después del golpe de Estado de 1973.
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