Esa comisión, como máximo órgano del poder legislativo, deberá verificar el cumplimiento de requisitos formales antes de enviar a la Corte Constitucional el pedido para juzgar al mandatario.
Esos son los primeros pasos del trámite luego de que asambleístas de oposición presentaran oficialmente la víspera el documento para pedir el juicio político del gobernante con el respaldo de 59 firmas, aunque eran necesarias 46.
Los asambleístas Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES); Rodrigo Fajardo, de Izquierda Democrática (ID); Mireya Pazmiño, de Pachakutik (PK); y Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano (PSC), fueron quienes formalizaron la solicitud.
Veloz calificó ese como «un día histórico» y explicó que la causal escogida para acusar al mandatario fue la prevista en el artículo 129.2 de la Constitución, es decir, por concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, es decir, delitos contra la administración pública.
Lasso llegó a este punto tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su gobierno con una presunta red de corrupción en empresas públicas y aparentes nexos con el narcotráfico, específicamente con la mafia albanesa.
Mientras el Ejecutivo niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan el fin del mandato del actual gobernante, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.
Tras varios pasos, que pudieran demorar un mes y medio aproximadamente, el plenario de la Asamblea Nacional (parlamento) deberá pronunciarse y son necesarios 92 votos de un total de 137 asambleístas para destituir al presidente.
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