“Me temo que habrá una guerra civil aquí. Yo creo que nadie lo quiere, pero el deterioro va en pendiente negativa y el peligro de que ocurra va en aumento. Estas no son palabras irónicas, estas no son profecías de ira”, escribió en Twitter el dirigente del partido derechista Unidad Nacional.
Hoy estoy más ansiosa que nunca, me preocupan los problemas internos y la creciente división entre sectores del pueblo por la legislación que defiende el Ejecutivo sin un verdadero diálogo, agregó.
Precisamente, una encuesta divulgada ayer por el Canal 13 reveló que el 58 por ciento de los israelíes estima posible el inicio de una guerra civil o de enfrentamientos violentos en el país debido a la polarización causada por la iniciativa, en tanto 31 por ciento de los interrogados desestimó el peligro.
La reforma impulsada por la alianza derechista en el poder permitiría a la Knesset (Parlamento) anular las decisiones judiciales con la mayoría mínima y seleccionar a los jueces.
La iniciativa generó intensas críticas públicas y una feroz oposición en la nación, donde son sistemáticas las protestas masivas en medio de las advertencias de economistas, profesionales del derecho, académicos y funcionarios de seguridad.
Empresarios, estudiantes, políticos, trabajadores de diversos sectores y hasta militares en activo criticaron la normativa, defendida por la derecha y sectores conservadores.
En un intento por rebajar la tensión y buscar una salida, el presidente Issac Herzog anunció el miércoles una propuesta marco para reemplazar el proyecto; al tiempo que llamó al Ejecutivo y a la oposición a “no destruir al país”.
El jefe de Estado explicó que el nuevo texto fue redactado después de cientos de horas de deliberaciones en las últimas semanas con políticos, juristas y expertos de todo el espectro político.
“Estamos en medio de una crisis profunda y preocupante”, advirtió Herzog durante su discurso.
La iniciativa aborda aspectos críticos de la relación entre las ramas del Gobierno, incluido las Leyes Básicas, la selección de los jueces, la revisión judicial de los proyectos aprobados por el Parlamento, y la autoridad de los asesores legales del Ejecutivo.
Poco después del anuncio de la oferta, el primer ministro Benjamin Netanyahu la rechazó al señalar que el texto no fue aceptado por su coalición.
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