El jefe del legislativo explicó a los periodistas este miércoles que la decisión de anoche de postergar el envío del documento a la Corte Constitucional busca perfeccionar la solicitud, no modificarla.
De acuerdo con Saquicela, no se puede mover una coma del contenido del pedido para enjuiciar políticamente a Lasso por delitos contra la administración pública.
También aseguró que demorar el envío del documento a la Corte Constitucional para subsanar errores no es un problema, pues el proceso está dentro de los plazos legales.
El error en el documento oficial consiste en que los interpelantes invocaron artículos del Código Orgánico Integral Penal referentes a concusión y peculado que fueron reformados en 2021.
El CAL dispuso un plazo de tres días para corregir esos detalles en el texto de la solicitud.
La asambleísta Viviana Veloz, quien encabeza a los proponentes del juicio político, señaló que apenas les tomará un día cumplir con la exigencia del CAL. Las causales para enjuiciar a un presidente de la República están establecidas en el artículo 129 de la Constitución y en este caso se basan en el inciso 2 por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
El gobernante llegó a este punto tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su gobierno con una presunta red de corrupción en empresas públicas y aparentes nexos con el narcotráfico, específicamente con la mafia albanesa.
Mientras el Gobierno niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan la salida de Lasso del poder, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.
Los diferentes pasos del procedimiento pudieran demorar en total un mes y medio aproximadamente y al final son necesarios 92 votos de un total de 137 asambleístas para destituir al presidente.
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