Con ese objetivo, aseguró durante su discurso ante el plenario de la II Conferencia de la ONU sobre el Agua que los Estados deben promover la participación activa de comunidades y organizaciones sociales hasta desembocar en una “gran movilización” de acciones en todos los niveles para hacer frente a la crisis planetaria del líquido vital.
“Si queremos un futuro viable para las generaciones presentes y futuras, necesitamos redoblar las acciones y los compromisos para cambiar el sistema, concibiendo que otro mundo es posible, si nosotros lo hacemos posible”, afirmó.
Insistió el dignatario en hallar el equilibrio —utilizando recursos económicos, conocimientos científicos y ancestrales de los Estados del mundo y de Naciones Unidas— para preservar el agua y el futuro de la vida, a la par de garantizar su uso y disfrute por el conjunto de la humanidad y, en particular, de sectores vulnerables que hoy no tienen este derecho.
Agregó que sobre la base de la sabiduría de los pueblos del Estado Plurinacional y sus organizaciones sociales expresada en diversos espacios de consulta previamente a la Conferencia, quedaron definidas importantes ideas que él resumió en 10 propuestas.
Entre ella sobresale el concepto de “reafirmar el derecho al agua potable y saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos”.
Reiteró Arce que el texto boliviano sugiere reconocer en la próxima Asamblea de la Tierra, del año 2024, que el agua es el centro de la vida, y establecer, además, que los ríos, lagos, cuencas y la Madre Tierra son sujetos de derecho.
Bolivia propone también la creación de un mecanismo intergubernamental permanente del agua en las Naciones Unidas, que promueva el manejo, la gestión y conservación del líquido vital, así como la erradicación de la pobreza, y el nombramiento de un enviado especial de la ONU para esta problemática.
Entre las ideas resumidas por Arce en un decálogo, también resalta la de reconocer la autoridad de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico de los conglomerados locales y pueblos indígenas.
Igualmente, destaca establecer la condonación de deudas de los países eufemísticamente denominados “en desarrollo”, cuyos recursos financieros hayan sido destinados a la producción y acceso al agua, a la adaptación hídrica y a la resiliencia climática.
La iniciativa exhorta a los Estados desarrollados y organismos internacionales y multilaterales a que proporcionen mayores recursos financieros para gestionar, conservar y amortiguar los impactos de la crisis hídrica, por medio de la asistencia internacional.
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