La presidenta del mercado central de esa ciudad de la sierra ecuatoriana, Susana Urrutia, alertó que en la red de plazas y mercados las ventas han bajado alrededor de un 50 por ciento.
Todo es consecuencia de la paralización del transporte público, porque las personas no pueden movilizarse con facilidad desde ninguna parte urbana o rural, expresó.
Urrutia denunció que debido a la caída de las ventas también compran menos a los proveedores para evitar que se dañen los productos que son perecederos.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato, Cristina Hernández comentó que, en los 10 días de paralización del transporte público, en el cantón se perdieron las ventas de las dos ferias de lunes, las de mayor movimiento en la localidad.
La funcionaria añadió que la paralización del transporte en esa urbe, a unos 150 kilómetros de Quito, capital del país andino, además de las pérdidas económicas por la falta de ventas, trae consigo otras repercusiones para los empresarios que tienen que cumplir con obligaciones como pagos a los empleados, Seguro Social e impuestos.
Hernández advirtió que la reactivación económica que habían comenzado tras el periodo pospandemia, con el paro local ha sufrido un retroceso.
Por otro lado, las comunidades indígenas de Tungurahua advirtieron la semana pasada que habría protestas si suben el costo del transporte.
Para los pueblos originarios de esa zona en medio de la situación económica crítica en el país no es prudente que el gremio del transporte quiera beneficiarse bajo el argumento de un mayor valor de los combustibles y las piezas de repuesto.
Mientras tanto, el alcalde ambateño, Javier Altamirano, anunció este miércoles que realizará una sesión extraordinaria del Concejo Cantonal el próximo viernes para analizar los pedidos de los manifestantes.
Desde el pasado 13 de marzo, la urbe permanece paralizada pues el sector transportista alega que las 510 unidades que son parte de las 10 cooperativas de transporte público están al borde de la quiebra por falta de recursos para cubrir los gastos del combustible y denunciaron que los 0,30 centavos que perciben por pasajero no cubren sus erogaciones, por lo que exigen llevar el valor del pasaje hasta 0,40 centavos.
La alcaldía en ese territorio se opone a subir el precio ya que considera que afectaría la economía de la mayoría de los ciudadanos que usan el sistema de transporte público y advirtieron que la suspensión de servicios públicos constituye un delito penal, por lo cual interpondrán acciones judiciales.
Este miércoles, los trabajadores de ese gremio en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, se unieron al paro por las mismas exigencias.
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