Tras subsanar los errores detectados anteriormente, los legisladores Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo y Pedro Zapata, volvieron a presentar este jueves el documento oficial con la solicitud para enjuiciar políticamente al mandatario.
Los proponentes de la interpelación señalaron que para el juicio al gobernante se deben aplicar los dos artículos sobre concusión y peculado vigentes antes de agosto de 2021, fecha en que entraron en vigor las modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En medio de disputas sobre si se venció el plazo establecido para continuar el trámite o no, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) convocó para este viernes al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) con el objetivo de discutir la petición.
De ser aprobada en este segundo intento, el documento con la solicitud que podría adelantar el fin del mandato de Lasso pasaría a la Corte Constitucional, entidad que tiene seis días para emitir un dictamen de admisibilidad.
El gobernante llegó a este punto tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su gobierno con una presunta red de corrupción en empresas públicas y aparentes nexos con el narcotráfico, específicamente con la mafia albanesa.
Mientras el Gobierno niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan la salida de Lasso del poder, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.
Los diferentes pasos del procedimiento pudieran demorar en total un mes y medio aproximadamente y al final son necesarios 92 votos de un total de 137 asambleístas para destituir al presidente.
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