En un comunicado, la organización denunció que, desde hace 22 años, el país no había experimentado una dinámica de violaciones a los derechos humanos como la registrada bajo el régimen actual, donde «el autoritarismo, la represión y la venganza se convierten en la forma antidemocrática de ejercer el poder».
De acuerdo con la Udefegua, durante el 2022 se agudizó la estrategia dirigida a capturar todas las instituciones públicas para que la articulación de las élites de poder pudiesen hacer uso, particularmente, del sistema de justicia, con el objetivo de criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y opositores.
En ese sentido, refirió, la verificación y documentación de tres mil 574 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades.
«Esta política de represión, argumentó, se manifiesta en venganza contra quienes lideraron procesos de justicia contra actores políticos, empresariales, militares y miembros del crimen organizado por actos de corrupción, impunidad o graves delitos cometidos durante el conflicto armado interno».
Este clima de violencia se ensaña contra personas operadores de justicia, ciudadanos en búsqueda de justicia, periodistas o comunicadores sociales y defensores de la tierra y el territorio, alertó la unidad de protección.
La Udefegua expresó también su preocupación por el crecimiento sostenido del uso del espacio digital para la generación de difamación, estigmatización, discurso de odio y hostigamiento como el inicio de los procesos de criminalización.
«Es evidente que esta estrategia tiene como propósito deslegitimar la voz de las personas defensoras de derechos humanos, para que luego puedan ser denunciados judicialmente sin fundamento alguno y llevar a cabo detenciones arbitrarias e ilegales», indicó en su pronunciamiento a la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional.
Ante la situación actual, exigió al Estado retomar la política pública de Protección a Defensores de Derechos Humanos y parar la venganza.
Entre los acontecimientos más recientes, destaca la petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de investigar a periodistas y columnistas del diario elPeriódico por publicaciones relacionadas con los procesos penales en contra del director de ese medio, José Rubén Zamora, quien lleva casi ocho meses en prisión preventiva.
Desde 2018, hay 22 jueces y fiscales anticorrupción exiliados y al menos seis se vieron en la necesidad de abandonar Guatemala por sus investigaciones en contra de la corrupción bajo la administración de la Fiscal General, Consuelo Porras, según documentó la Udefegua en su declaración pública.
npg/mmc
