Con cinco votos a favor y dos en contra el CAL admitió por segunda vez el expediente, ahora subsanado con las observaciones hechas anteriormente, aunque usuarios en redes sociales advirtieron que el nombre del mandatario está mal escrito en el documento oficial, pues omitieron el apellido Lasso.
Aunque aún no se saben las implicaciones de ese detalle formal, en teoría la Corte Constitucional tendría a partir de ahora seis días para emitir un dictamen de admisibilidad sobre el procedimiento que podría adelantar el fin del mandato presidencial.
Los asambleístas proponentes de la interpelación basaron el pedido de juicio al gobernante en el artículo 129 de la Constitución y en los acápites sobre concusión y peculado del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La legisladora Viviana Veloz, una de las solicitantes del proceso, afirmó que como legisladores no pueden actuar de espaldas al pueblo ecuatoriano y exhortó a la Corte a emitir un dictamen ajustado al derecho y en consonancia con la realidad histórica del país.
El mandatario llegó a este punto tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su gobierno con una presunta red de corrupción en empresas públicas y aparentes nexos con el narcotráfico, específicamente con la mafia albanesa.
Mientras el Gobierno niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan la salida de Lasso del poder, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.
Los diferentes pasos del procedimiento pudieran demorar en total un mes y medio aproximadamente y al final son necesarios 92 votos de un total de 137 asambleístas para destituir al presidente.
En ese caso, no serían convocadas nuevas elecciones, sino que asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero.
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