Esa instancia dictaminó que León, elegida tres veces parlamentaria del viejo Partido Aprista en 2006, 2011 y 2016, debe ser acusada por los graves delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo y peculado doloso.
Sin embargo, eliminó el cargo de encabezar una organización criminal, que acrecienta las posibles penas de cárcel, incluido en el informe aprobado por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que no planteó inhabilitarla para el ejercicio de cargos en el aparato estatal, sean o no electivos.
Los cargos se originan en gestiones hechas por León entre marzo de 2017 y mayo de 2018, para la aprobación de obras del municipio limeño de La Victoria por el Ministerio de Economía, cabildeo por el que cobraba miles de dólares que le pagaba el alcalde de ese distrito.
El informe de la subcomisión indica que la Fiscalía tiene como evidencias grabaciones de conversaciones telefónicas entre León y sus cómplices, así como pruebas obtenidas en el allanamiento de su casa y despacho parlamentario.
La comisión permanente del Legislativo recomendó también acusar a la excongresista del partido derechista Fuerza Popular (FP), Yesenia Ponce, por el presunto delito de falsificación de documentos, cohecho pasivo y falsificaciòn, además de inhabilitarla para desempeñar cargos estatales durante 10 años.
La Fiscalía recogió evidencias de que Ponce falsificó su hoja de vida presentada en 2016 ante las autoridades electorales, consignando estudios no realizados y certificados falsos.
También se le acusa de sobornar al director de una escuela secundaria para que adultere su testimonio sobre el hecho de que ella aprobó los dos últimos años de ese nivel.
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