A su escasa aprobación en las encuestas, se sumaron renovadas acusaciones de aportes irregulares de fondos para la campaña por las elecciones de 2021, en las que Boluarte fue elegida vicepresidenta de Pedro Castillo, a quien reemplazó en diciembre último.
En cuanto al desgaste gubernamental, se hizo evidente en la aprobación de mociones de censura a los ministros de Defensa, Jorge Chávez, y de Educación, Óscar Becerra, en el primer caso planteada por bancadas de derecha extrema que apoyan al Gobierno y también por bancadas progresistas, con diversos enfoques.
El tema de los fondos electorales rebrotó con denuncias de la activista de la campaña de Castillo, Maritza Sánchez, y el empresario Henry Shimabukuro, de que este y al menos otro hombre de negocios hicieron aportes ocultos y no declarados en la rendición de cuentas de esas contribuciones ante las autoridades.
Shimabukuro es investigado junto a Castillo por el Ministerio Público como presunto cómplice, en una de las pesquisas abiertas al exmandatario por el Ministerio Público.
En declaraciones públicas, Boluarte calificó como falsas las denuncias y las atribuyó a una campaña de desprestigio ordenada por Castillo, encerrado en una cárcel de alta seguridad, y sostuvo que Sánchez y Shimabukuro fueron enviados por Castillo durante la campaña para que lo apoyen, pero los rechazó.
Sin embargo, al cierre de la semana, el diario El Comercio publicó varios diálogos de mensajería telefónica en los que se hace evidente que Sánchez fue su asistente durante la campaña electoral, como la foto de un poncho (ruana) que Shimabukuro obsequió a Boluarte y que ella luce una foto captada en un acto público en junio de 2021.
Previamente, se difundió la grabación de una conversación telefónica emtre la actual presidenta y Maritza Sánchez, en la que la actual gobernante le da indicaciones sobre la logística de uno de esos viajes.
Por su parte, Shimabukuro declaró a Encuentro TV, portal periodístico de Internet, que financió completamente los viajes al interior de Boluarte en aquella campaña y que esos gastos están registrados en las cuentas de su empresa constructora, Kuroshima, las que entregó al Ministerio Público.
En cuanto a los ministros próximos a ser interpelados, tanto el de Defensa como el de Educación, deben responder sobre hechos relacionados con las protestas sociales, que siguen latentes y cuya represión ha incidido en la alta impopularidad de la mandataria.
El titular de Defensa será interpelado sobre la muerte de seis soldados ahogados cuando intentaban vadear un río tras no poder reforzar el control de una protesta en la región surandina de Puno, y sobre la represión a las manifestaciones antigubernamentales, de las que ese territorio es el mayor baluarte.
La interpelación al ministro de Educación estará referida a declaraciones consideradas racistas y discriminatorias, sobre madres indígenas que manifestaban en el centro de Lima con sus pequeños hijos atados a la espalda con un manto, a la usanza tradicional andina.
Está además pendiente una moción de interpelación al ministro del Interior, Vicente Romero, por el violento allanamiento a la Universidad Mayor de San Marcos, realizado para desalojar a indígenas llegados de Puno y otras regiones, a demandar la renuncia de Boluarte, cuyo gobierno califican como precario analistas y políticos de variadas posiciones.
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