Esa instancia judicial tiene hasta el 30 de marzo para emitir su dictamen sobre el pedido para enjuiciar políticamente al mandatario.
Organizaciones sociales apoyan la salida de Lasso del poder y prevén realizar este lunes un plantón en las afueras de la institución para pedir a los jueces una decisión ajustada al derecho, que permita una salida institucional a la situación actual del país.
La magistrada Teresa Nuques verificará que la solicitud presentada la semana pasada por la Asamblea Nacional (Parlamento) está en sintonía con el tipo de infracciones tipificadas en el artículo 129 de la Constitución.
Independientemente de su consideración para iniciar el juicio serían necesarios los votos de seis de los nueve integrantes de la Corte.
El mandatario llegó a este punto, tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su gobierno con una presunta red de corrupción en empresas públicas y aparentes nexos con el narcotráfico, específicamente con la mafia albanesa.
La presidencia de Ecuador presentó el sábado a la Corte Constitucional el documento con la posición jurídica de Lasso, quien pide a la institución negar la solicitud de juicio político en su contra.
“Pedimos que, en ejercicio de su rol de garante de la Constitución ecuatoriana, la Corte inadmita esa solicitud viciada de garrafales errores de forma y fondo, jurídicos y fácticos”, señala el jefe del Ejecutivo en el texto.
También en su discurso en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada este fin de semana en República Dominicana, el gobernante aprovechó y se defendió de lo que considera un procedimiento “lleno de anomalías y acompañado de reiterados intentos de desestabilización”.
Mientras el Gobierno niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan la salida de Lasso del poder, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.
Los diferentes trámites del juicio político contra el presidente Lasso podrían tomar más de un mes en caso de que sea admitido por la Corte Constitucional.
npg/avr
