El magistrado argumentó que busca definir si Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera son víctimas o afectados por los sobornos que recibió Lozoya y con ello si tienen la personalidad jurídica para recibir los 200 millones de pesos (10 millones de dólares) que el reo propone pagar como reparación del daño por delitos en los casos Odebrecht y la compra irregular de una fábrica de nitrogenados.
Lozoya pretende con este recurso suspender la apertura de juicio, para que no se cierre la oportunidad de lograr un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad que le permita quedar en libertad frente a otros delitos financieros cuando era brazo derecho del expresidente Enrique Peña Nieto quien vive en España sin que se le siga causa.
Miguel Ontiveros, abogado del extitular de Pemex, presentó el amparo ante el juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal, el mismo día en que el juez federal Gerardo Genaro Alarcón resolvió abrir el juicio oral contra Lozoya, para quien la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una sanción de 46 años de prisión por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
Sin embargo, si ahora se decide otorgarle la suspensión, esta etapa del proceso se podría frenar hasta que se resuelva si la instancia federal le concede la misma protección.
Durante la etapa intermedia del proceso el juez de control aceptó las 28 pruebas de descargo ofrecidas por los abogados del exdirectivo de Pemex.
Los representantes del Ministerio Público federal informaron que apelarán la decisión judicial de aceptación de las propuestas.
La defensa indicó que promovió el amparo para cuestionar la personalidad jurídica de Pemex y de la UIF como receptores de la parte del dinero robado que Lozoya propone pagar como reparación del daño por delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
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