La postura del órgano conocido como Los Sabios, encargado de evaluar si una iniciativa está conforme o no con la Constitución, es el último recurso que tienen los detractores para impedir la reforma, adoptada este mes sin el voto parlamentario, gracias al artículo 49.3 de la carta magna activado por el Gobierno.
En un comunicado, el Consejo precisó que al término del proceso de instrucción informará su decisión sobre la Ley de Financiación de la Seguridad Social rectificativa para el 2023, utilizada por el Ejecutivo para impulsar su proyecto, y el referendo propuesto por diputados de izquierda para evitar la extensión de la edad de retiro de 62 a 64 años.
Tanto el Gobierno como la oposición acudieron al órgano presidido por ex primer ministro Laurent Fabius e integrado por nueve miembros designados más los antiguos presidentes de la República.
Si el Consejo Constitucional validase la propuesta de referendo, lo cual algunos entendidos ven poco probable, se desencadenaría un proceso de meses para culminar con una consulta a los franceses.
Los críticos de la reforma de la jubilación denuncian un abuso de parte del oficialismo de mecanismos legales con los que limitaron los debates parlamentarios, recortaron la duración de las sesiones e impidieron la introducción de mociones de censura en el Senado, recurso empleado para bloquear el texto en la Asamblea Nacional.
Algunos sindicatos adelantaron que mantendrán las protestas en curso si el Consejo falla a favor de la constitucionalidad de la reforma.
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