El texto, que busca establecer bases legales para la justicia climática, fue promovido por Vanuatu, uno de los Estados insulares más vulnerables del planeta a los efectos de ese fenómeno, y fue coauspiciado por más de un centenar de países.
La resolución pide la opinión de la CIJ en cuanto a las consecuencias jurídicas que los Gobiernos deben afrontar por sus actos y omisiones que hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente, con perjuicios para los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Se refiere, en particular, a las naciones insulares que debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo son especialmente afectadas por los efectos adversos del cambio climático o son más vulnerables a ellos.
El documento también pregunta a la CIJ cuáles son las obligaciones en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras.
Las opiniones consultivas de la Corte, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, tienen una enorme importancia y pueden repercutir a largo plazo en el orden jurídico internacional, subrayó el secretario general de Naciones Unidas António Guterres.
El titular de la ONU explicó que esos criterios ayudarían a tomar medidas más audaces y enérgicas contra el cambio climático, ya que la justicia en esa mataeria es tanto un imperativo moral como un requisito previo para una acción climática mundial eficaz.
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