Organizaciones ecologistas que promovieron la manifestación contra la construcción de embalses para la irrigación agrícola, la Liga de los Derechos Humanos (LDH) y familiares de víctimas denuncian obstáculos para la asistencia médica, mientras el Gobierno señala las condiciones de seguridad imperantes.
El caso que centra las discusiones es el de manifestantes considerados entre la vida y la muerte y las llamadas al SAMU, un servicio de emergencia médica, supuestamente impedido de actuar con la celeridad requerida dada la naturaleza de las lesiones.
Una de esas personas se encuentra en coma con fractura del cráneo por el impacto de un proyectil lanzado por gendarmes, fuerza del orden que también presentó quejas por los más de 40 efectivos heridos durante la protesta en Sainte-Soline, donde fueron incendiados al menos cuatro vehículos oficiales con cócteles Molotov y artefactos pirotécnicos.
La víspera, el diario Le Monde se hizo eco de una conversación telefónica en poder de la LDH que probaría la acusación, en un artículo titulado: “Sainte-Soline: La grabación que prueba que el SAMU no tuvo derecho a intervenir”.
Entrevistada hoy por el canal BFM TV, la prefecta del departamento de Deux-Sèvres, Emmanuelle Dubée, calificó de insultantes las alegaciones y reiteró el argumento de la inseguridad en el lugar de los hechos.
Una regla básica para enviar a personal del SAMU o a los bomberos a un sitio es ante todo garantizar su seguridad, condición que no existía el sábado, dijo.
Por su parte, la cadena Franceinfo divulgó que los padres de un manifestante en coma presentaron una denuncia por “tentativa de muerte” y “obstáculos al socorro”.
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