La víspera la cámara de diputados aprobó una norma titulada “Nain-Retamal” que establece el principio de legítima defensa privilegiada, por el cual un carabinero o policía de investigaciones logra protección legal si dispara contra una persona por sentirse amenazado.
Según el académico mapuche Salvador Milalleo, esa iniciativa es calificada como una “ley de gatillo fácil” y aseguró que en un Estado democrático cuando se otorgan más poderes a la policía, se deben compensar con mayores controles sobre su actuación.
Recordó el jurista el caso de Camilo Castrillanca, quien fue ejecutado de un disparo en la cabeza por el sargento de Carabineros Carlos Alarcón sin mediar absolutamente ninguna razón, porque el agricultor mapuche estaba trabajando en sus tierras.
En esa ocasión el mismo cuerpo policial destruyó pruebas y hubo presiones contra varias personas para mentir y hacer creer que se usaron las armas por estar bajo ataque y solo después de un largo y accidentado proceso, los culpables fueron condenados.
La senadora Fabiola Campillai se sumó al debate y aseguró que la Ley Nain Retamal no se puede aprobar tal y como está cuando pase a la cámara alta del Congreso.
Durante el estallido social de octubre de 2019 la ahora legisladora fue atacada por un capitán de carabineros identificado como Patricio Maturana, quien le disparó a la cara una granada de gas lacrimógeno.
Como consecuencia del impacto sufrió el estallido de los dos globos oculares, graves fracturas en el rostro y cráneo y la pérdida definitiva de tres sentidos, la vista, el gusto y el olfato.
Campillai dijo que luego del hecho no recibió absolutamente ningún tipo de ayuda por parte de la policía.
Antes de aprobar esa legislación, indicó, debemos escuchar a los expertos y también a las víctimas de agresiones como las sufridas por ella.
De igual manera, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, afirmó que desde 2017 esa entidad insiste en regular por medio de una ley las reglas del uso de la fuerza para policías y militares cuando entren en contacto con la población civil.
“El mandato de garantizar el orden público por parte del Estado debe entenderse en concordancia y en favor de la protección de los derechos humanos, y no utilizarse como una forma de vulnerarlos”, aseguró Contreras.
El proyecto de ley, que será analizado la semana próxima en el Senado, es defendido e impulsado por los partidos políticos de derecha y extrema derecha con representación legislativa.
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