La Fundación Resolución, centrada en el mejoramiento del nivel de vida de las personas con ingresos bajos y medios, demandó un cambio en las reglas fiscales, encargadas de la determinación del gasto público y las decisiones tributarias.
La asociación, con un trabajo consagrado a una amplia gama de áreas de política económica y social, sugirió que despojaran a la Tesorería—departamento responsable del desarrollo y ejecución de las políticas fiscal y económica— de sus facultades para decidir sobre la inversión pública.
De acuerdo con su último informe, los bajos niveles de financiamiento social colocan constantemente al país europeo entre el tercio más débil dentro de las denominadas como economías avanzadas, término acuñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según la entidad, esa situación revela que la nación “vive de su pasado, sin priorizar el futuro”, con “consecuencias claras en la cotidianidad”, entre ellas, la baja disponibilidad de camas en los hospitales.
La investigación criticó el “cortoplacismo político”, por ejemplo, el abandono de los planes de los conservadores destinados al aumento de la inversión pública después de los comicios generales de 2019 y las propuestas de 2022 anunciadas por la entonces primera ministra Liz Truss.
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