La sede en Haití de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), lamentó que el primer trimestre de este año estuvo marcado por una extensión e intensificación de la violencia vinculada a los grupos armados, un fenómeno que creció de forma exponencial desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el terremoto y los disturbios sociopolíticos.
Además, OCHA señaló que desde hace varios meses las pandillas muestran niveles crecientes de organización, con la utilización de medios tecnológicos como drones.
Los secuestros se han convertido en parte de la vida cotidiana de los haitianos, al igual que los cortes de electricidad, escasez de combustible, montañas de basura en las calles, robos y ataques armados, así como las numerosas violaciones de derechos básicos como el acceso a la educación y la sanidad, denunció el organismo.
En particular los secuestros se multiplicaron con creces y la tendencia sigue al alza, con unos 277 reportados de enero a mediados de marzo, periodo en el cual también fueron asesinadas 531 personas y otras 300 heridas, la mayoría de ellas en la zona metropolitana de la capital y el departamento Artibonite.
OCHA también alertó sobre la aparición de grupos de autodefensa en las comunidades, porque la población se siente poco o nada protegida, y señaló que se registraron incidentes entre esas patrullas y las bandas organizadas.
Asimismo, advirtió sobre el impacto humanitario dramático de los raptos, heridas de bala y asesinatos el indicaron que actualmente, al menos 1,5 millones de personas o la mitad de la población de Puerto Príncipe están directamente afectadas por la violencia y ven obstaculizada su libertad de movimiento y su acceso a los servicios básicos.
El número de personas que necesitan protección casi se ha duplicado en un año, mientras que la violencia armada contra las escuelas, que incluye tiroteos, saqueos y secuestros, se multiplicó por nueve y aumentaron los reclutamientos de niños por parte de grupos armados.
La situación empujó el desplazamiento de más de 136 mil 500 personas hasta finales de marzo, a lo cual se suman los cierres de hospitales como el de Médicos sin Fronteras, que suspendió temporalmente sus servicios ante la marcada inseguridad.
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