La confabulación, denominada Pdvsa-Cripto en alusión a la empresa estatal Petróleos de Venezuela y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), principales involucrados, fue revelada en conferencia de prensa por el titular del Ministerio Público.
Saab informó sobre la implicación —hasta el momento— de 10 funcionarios del Estado y 11 empresarios —ahora detenidos—, y de otras 11 personas del sector privado sobre las cuales se dictó órdenes de aprehensión por sus vínculos con los hechos, los cuales recibieron el rechazo de la mayoría de la sociedad venezolana.
Quizás el vocablo “escabroso” empleado tenga que ver con una de sus acepciones, referida a lo “difícil e inmoral”, por algunas develaciones publicadas después en la prensa local, que hablaron de una red de prostitución en la que están comprometidas algunas modelos.
En esta urdimbre está presuntamente implicado el ahora exdiputado Hugbel Roa, quien utilizaba una residencia en el estado de Miranda para hacer grandes fiestas “con chicas prepago” y donde la entrada era sin vestimenta, según el periódico Últimas Noticias, que citó a testigos como fuentes.
Como detalló el fiscal general, en esta conspiración están involucrados funcionarios, empresarios, mujeres y jóvenes de ambos sexos que fueron captados para el lavado de activos y premiaban sus acciones delictivas con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal, comentó.
Ellos demostraban un estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público y menos en el caso de “alguna de estas damas, que no tienen origen de estudio ni de trabajo”, y de pronto aparecían vinculándose con estos sujetos, “dándose lujos que sinceramente ni los príncipes del Golfo se dan”, aseveró.
Entre los principales responsables, cuyas actuaciones se calificó de mafia, aparecen también el coronel Antonio Pérez, vicepresidente de Comercio y Suministros de Pdvsa, junto a Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Sunacrip.
Todos estos detenidos fueron acusados por apropiación o distracción de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación, tráfico de influencias, entre otros delitos, además de que los funcionarios serán imputados por traición a la patria.
Asimismo, las autoridades detuvieron a un alcalde por sus vínculos con la delincuencia organizada, a dos jueces y un abogado, quienes se aprovecharon de sus cargos para otorgar beneficios judiciales, por lo que serán procesados por retraso u omisión intencional de funciones y asociación para delinquir.
(Tomado de Orbe)
