Velásquez aguarda en un centro de detención del Ministerio Público, a la espera de que un juez disponga su traslado a un presidio en el que permanecerá hasta que el Poder Judicial dicte la sentencia en su contra por crímenes de lesa humanidad.
El juicio en su contra había ya culminado y solo faltaba el dictado de la sentencia por graves delitos contra los derechos humanos, que estaba fijado para el 19 de noviembre de 2013, pero no asistió a la audiencia y el fallo quedó pendiente, pues había fugado a Estados Unidos.
El militar es señalado como uno de los participantes en la matanza de La Cantuta, perpetrada por el Grupo Colina, destacamento militar ilegal de aniquilamiento de sospechosos de terrorismo, creado bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y manejado del gobernante
En esa operación, el grupo secuestró, torturó y ejecutó a nueve alumnos y un profesor de la Universdad de Educacón, conocida como La Cantuta, por lo cual la Fiscalía pidió una pena de 25 años de prisión para Velásquez.
El expresidente Fujimori cumple una pena similar como autor mediato de aquella masacre y de la de Barrios Altos, un popular vecindario en el que el grupo asesinó a 15 civiles inocentes, entre ellos un niño.
La misma condena fue aplicada al asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos -creador del Grupo Colina y enlace entre este y el exmandatario- y ambos tienen pendiente otro juicio por la masacre del Santa, de nueve trabajadores agrícolas en conflicto laboral con un empresario amigo del Gobieno.
El extraditado Velásquez fue incluido recién en 2018 en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, que ofreció 20 mil soles (cinco mil 400 dólares) por información que llevara a su captura.
Lo que funcionó fue la alerta dada por la Policía Nacional a Interpol, mecanismo internacional de cooperación, que reportó en febrero de 2022 la detención de Velásquez en la ciudad estadounidense de Nueva York.
Entonces se inició el procedimiento de extradición, saludado por las organizaciones de Perú, entre las cuales la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) hizo notar que el fugitivo no fue ubicado por acción de la Policía peruana, sino por el citado mecanismo internacional.
“A la fecha, existen decenas de prófugos juzgados y condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Instamos a la Policía Nacional del Perú a ser más céleres en los pedidos de extradición”, aseveró Aprodeh tras la extradición de Velásquez.
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