Varios analistas coinciden en que, en ningún momento de la historia política reciente de Ecuador, desde el retorno a la democracia, en 1979, cuando la nación andina dejaba atrás siete años de gobiernos militares y retornaba a los regímenes constitucionales, ha habido un juicio político a un presidente.
Aunque en 1997 el Congreso Nacional utilizó la figura de incapacidad mental, para destituir al entonces presidente Abdalá Bucaram (1996-1997) cuando estaba a punto de cumplir seis meses en el poder, hasta ese momento había sido el único caso en que el Legislativo decidía la remoción de un mandatario.
Sin embargo, si Lasso va a juicio político, sería la primera vez que esto suceda en el país sudamericano.
A propósito, esta semana ha estado marcada por los diferentes trámites que implica ese proceso judicial contra el gobernante ecuatoriano, acusado de delitos contra la administración pública.
El miércoles 29 de marzo, la Corte Constitucional decidió por mayoría calificada dar luz verde al pedido de juicio político y el trámite volvió a la Asamblea Nacional (Parlamento), para discutir el tema en la Comisión de Fiscalización.
Este viernes, el pedido de juicio político contra Lasso pasó finalmente a esa mesa parlamentaria que ahora tiene un mes para elaborar un informe en el que debe recomendar o no que el proceso político contra Lasso llegue al Pleno de la Asamblea.
La víspera, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) sostuvo un encuentro para iniciar la tramitación del pedido de proceso judicial contra el gobernante andino luego de que la Corte Constitucional lo aprobara.
Una vez que la Comisión de Fiscalización conozca formalmente el proceso de juicio político, es el lapso que tendrá el Ejecutivo para evitar o aceptar su destitución.
Analistas aseguran que el proceso podría abrir tres escenarios posibles para el futuro de Lasso.
El primero sería defenderse en el Legislativo y esperar que no alcancen los 92 votos, de un total de 137 asambleístas; en segundo lugar, ser destituido y que el vicepresidente Alfredo Borrero asuma el cargo por el tiempo que le resta al actual periodo de mandato, es decir, hasta 2025; o decretar la disolución del Parlamento (muerte cruzada).
Todo este escenario se desarrolla en medio de un ambiente convulso en el que algunas regiones sufren por desastres, como el deslizamiento de tierra en el poblado de Alausí, en la provincia serrana de Chimborazo, que ha dejado hasta el momento un saldo de 23 personas fallecidas y más de 70 desaparecidas.
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