De acuerdo con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, es vital contar con esa herramienta para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y otros delitos asociados al crimen organizado.
En ese sentido llamó al sector privado, a la Fiscalía, al Órgano Judicial y la cartera de economía, entre otras instituciones, a seguir este tema.
Durante una ceremonia de destrucción de armas de fuego de procedencia ilícita, Pino subrayó que hay mucho dinero, muchos bienes ilegales en manos de personas y la idea es acabar con el músculo financiero de esos flagelos.
La ley de extinción de dominio de bienes ilícitos ha encontrado no pocos tropiezos en su aprobación por la Asamblea Nacional (Parlamento).
En enero de este año las contradicciones entre el Gobierno y el poder legislativo en el istmo se agudizaron en torno a la iniciativa.
“No somos partidarios de aceptar la aspirina que usan otros pueblos para remediar sus enfermedades. Nosotros somos partidarios de fabricar nuestra propia aspirina con sabor a lo nuestro, típicamente nacional”, dijo el titular del Parlamento, Crispiano Adames, quien ahora la respalda.
Incluso Pino llegó a señalar que de retirarse la ley, significaría un tiempo más para su elaboración y estarían contra reloj debido a que esta administración termina en junio de 2024.
La aprobación de esa ley es cuestionada más aún en el istmo, luego que la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, emitiera unas controversiales declaraciones en las que demandó a los diputados aprobarla.
Presentada en abril de 2021 ante el Parlamento, la ley pasó por tercera ocasión del debate en plenaria al análisis en una subcomisión técnica, lo que algunos observan como un obstáculo a una herramienta necesaria para debilitar las operaciones del crimen organizado.
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