“Nos abstuvimos de declarar (…) porque no queremos entorpecer el trabajo que están haciendo nuestros abogados”, aseguró el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Rómulo Calvo, citado en calidad de acusado junto al vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.
El trío de operadores políticos de los grupos de poder cruceños, permanecieron en la Fiscalía Especializada en Lucha Contra la Corrupción del barrio denominado Plan Tres Mil por más de tres horas, pero decidieron no aportar información útil para las pesquisas.
Otro imputado en este proceso es el rector de la Uagrm, Vicente Cuellar, pero su defensa presentó un texto con la solicitud de una dispensa porque según expresó se encuentra en la Ciudad de El vaticano.
En solidaridad con los acusados, se personó en el lugar de la vista el actual presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, quien interrogado por la prensa admitió que durante los 36 días de paro con violencia promovido por el Comité Interinstitucional de octubre a noviembre de 2022, se registraron hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos.
“Nosotros también pedimos justicia por los hechos suscitados en 2022, no solo hubo violencia en el Plan Tres mil, sino también en La Guardia, Pailón y Pailas”, expresó.
El trío acusado encabezó la medida de fuerza que trascendió los límites de la protesta pacífica porque se caracterizó por los bloqueos con el uso de la violencia, los ataques racistas contra comunidades indígenas y barrios populares, la ocupación, el saqueo y los incendios de las sedes de organizaciones obreras y campesinas.
La paramilitar Unión Juvenil Cruceñista subordinada al gobernador Luis Fernando Camacho y a Calvo empleó de manera indiscriminada en esas agresiones petardos y medios pirotécnicos de alta potencia, garrotes y objetos punzantes y cortantes.
Como saldo, se registraron cuatro muertes, cientos de heridos, una denuncia de violación grupal a una menor de edad y diversas expresiones de vulneración de los derechos humanos.
Los puntos de bloqueo se convirtieron en escenarios donde predominó el consumo de bebidas alcohólicas, otras sustancias prohibidas y en ellos se hizo consuetudinaria la extorsión contra chóferes y mototaxistas.
Ante estas circunstancias, diversas organizaciones y los afectados denunciaron a los promotores del paro por la vulneración de sus derechos y otros delitos.
Sin embargo, en su defensa, los imputados señalan que se trata de “persecución política”.
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