La Corte Superior de Lima anunció el fallo contra el hábeas corpus presentado por la ciudadana María Elena Cabrera, que planteaba desacatar un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en marzo de 2022 anuló la libertad de Fujimori.
Aquel dictamen validó un indulto otorgado en diciembre de 2017 por el gobernante neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, el cual, a su vez, fue anulado en enero de 2018 por el Poder Judicial peruano, que lo consideró ilegal
El dictamen de la CIDH determinó el retorno de Fujimori a la prisión en abril de 2022 año por no haberse cumplido los requisitos de la medida. El Estado peruano, al ser firmante de la convención que creó la CIDH, está obligado a ejecutar sus fallos.
El indulto fue otorgado por Kuczynski con el evidente afán de neutralizar la agobiante oposición de la mayoritaria bancada del partido Fuerza Popular (FP), de Keiko Fujimori, hija del exmandatario, para lo cual contó con el apoyo de Kenji, hermano de la dirigente.
Sin embargo, FP intensificó su oposición y planteó vacar (destituir) a Kuczynski por corrupción y congresistas de esa organización incitaron a funcionarios del entorno presidencial a ofrecerles prebendas para que no voten por la medida.
Los legisladores grabaron en audio y video las conversaciones y presentaron los registros a la prensa, ante lo cual Kuczynski renunció y actualmente es investigado por posible corrupción.
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