De acuerdo con el texto, los activistas consideran el pacto sometido ahora a consulta popular, como un instrumento leonino que sacrifica la soberanía nacional.
Por su parte, el jurista Santander Tristán opinó que los panameños entregarán por esa vía un pedazo de la soberanía, lo que se puede convertir en un arma mortal, en perjuicio del patrimonio natural de este país.
El colectivo estimó además que el acuerdo suscrito está lleno de trampas que revelan la usurpación.
Tristán alertó que el convenio podía ser aprobado en la Asamblea Nacional ( Parlamento) y luego con el visto bueno de la Contraloría ser sancionado por el presidente de la República, pero va en contra de la voluntad mayoritaria.
El mensaje enfatiza en que le corresponde al pueblo rechazar la materia suscrita que ampara la minería a cielo abierto y hacia un proyecto de economía de enclave.
Para los líderes de CPV, el contrato minero tiene el lenguaje, las fórmulas contables y los presupuestos que la empresa ha impuesto, en una concesión donde el país colector de regalías no es el verdadero dueño de sus recursos y minerales, tal como lo exige el Artículo 257, numeral 5, de la Constitución.
Por su parte, el experto en derecho ambiental Donaldo Sousa, afirmó al diario Bayano Digital que el contrato causa una ”laceración profunda” a la Constitución.
Mientras el activista de la provincia de Colón, Gilberto García, del Frente Amplio Colonense, denunció el despojo territorial en el distrito de Donoso y los planes de desalojo de moradores en terrenos codiciados por la minera, cuyo 90 por ciento de acciones pertenece a la multinacional canadiense First Quantum.
García advirtió que en los últimos años fue suspendida la entrega de títulos de propiedad a familias que viven en la incertidumbre de ser expulsadas y desheredadas.
Además denunció que los promotores de extractivismo no han tomado en cuenta las voces de organizaciones ambientalistas que reconocen en la minería a cielo abierto una grave amenaza y una forma de despojo que conspira contra la majestad soberana y el patrimonio hídrico de Panamá.
Sobre el asunto, el abogado Antonio Saldaña recordó que en 2017 la Corte Suprema de Justicia catalogó como inconstitucional el contrato con Minera Panamá, dictamen que se viola en las negociaciones más recientes.
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